Comentario

Con el cambio de siglo España se convirtió casi exclusivamente en una potencia europea cuyo marco intelectual y político se debía vincular con el liberalismo, pero cuya realidad social tenía mucho más que ver en no pocos aspectos con el mundo balcánico o el hispanoamericano. El contraste entre esas dos realidades contribuye a explicar el reinado de Alfonso XIII y sus propósitos de regeneración de España.
A comienzos del siglo XX España, aunque desde el punto de vista geográfico era una nación europea, por sus características peculiares en ocasiones parecía no serlo. Los dieciocho millones y medio de españoles todavía padecían una elevada mortalidad, hasta el punto de que uno de cada cuatro nacidos no llegaba a vivir un par de años. Sólo un tercio de los españoles residía en núcleos de población de más de 10.000 habitantes. A diferencia de lo sucedido en Europa, el control de los nacimientos fue tardío y sólo se produjo en una porción mínima de la geografía nacional.

Otra de las divergencias entre el resto de Europa y España residía en que ésta continuaba siendo un país fundamentalmente agrario en el que entre el 65 y 70% de la población activa trabajaba en el sector agrícola o ganadero, mientras que la población activa empleada en la industria representaba menos de un 16% del total y aproximadamente la mitad de ella se ocupaba en sectores de necesidad tan perentoria o tan escasa complejidad como las confecciones o la construcción. En cuanto al sector terciario o de servicios una parte muy importante de él estaba integrada por el servicio doméstico, lo que era indicativo de una sociedad retrasada. El campo español estaba atenazado desde hacía mucho tiempo por enfermedades estructurales como eran no sólo el latifundismo y el minifundismo, sino también el retraso técnico que le hacían estar estancado en los cultivos tradicionales como el trigo, el olivo y la vid. A comienzos del siglo XX, aproximadamente un 6% de la propiedad de la tierra seguía en manos de la nobleza, con desigualdades regionales notables. De todos modos, en lo esencial el latifundismo era ya burgués e incluía una explotación racional. Las fincas grandes (superiores a 250 ha.) suponían un 28% del territorio nacional, pero en la mitad sur del país este porcentaje se elevaba mucho más. Nada semejante a este latifundismo existía en otros países de Europa occidental. Es cierto también que los rendimientos por hectárea en nuestro país eran cinco o seis veces inferiores a los de Inglaterra o Alemania.

El latifundio no resume la situación de la agricultura española sino que ésta tenía muchas otras muestras de arcaísmo que, además, eran muy variadas a lo largo de su geografía. La agricultura pobre de Castilla experimentó pocos cambios a pesar de que la propiedad estaba relativamente bien repartida. En Galicia se aceleró el rescate de las rentas conocidas con el nombre de foros y se inició la exportación de vacuno. En todo el Cantábrico el dinero a América produjo una modernización económica, aunque modesta. Sin duda los mayores cambios en la agricultura tuvieron lugar en el litoral mediterráneo, en especial en el levantino y de cara a la exportación de productos como la naranja.

En términos generales puede decirse que, a comienzos de siglo, España seguía siendo un país agrícola y minero. Con anterioridad a 1900 comenzó el proceso de capitalización que llevaría al auge posterior del País Vasco, pero en la época del cambio de siglo la zona industrial por excelencia en España era Cataluña y su producción más importante la textil. En relación con el resto de España existía una notable diferencia, indicio de modernidad, pero también la industria catalana padecía unas muy notables debilidades que eran expresivas del propio retraso español. Tanto las materias primas, sobre todo el algodón, como las patentes procedían del exterior, por lo que la industria textil catalana no resultaba competitiva a nivel internacional y necesariamente había de apoyarse en un arancel alto. Las empresas eran fundamentalmente familiares y en exceso conservadoras desde el punto de vista de la gestión.

Si la estructura económica española resultaba retrasada respecto a las europeas también lo era la sociedad. A comienzos de siglo el crecimiento de la población española era más lento que el europeo, debido al alto índice de mortalidad (en España era del 29% frente a un 18% en Europa occidental). En el nivel de analfabetismo radicaba una de las diferencias más marcadas: en 1900, en torno a un 63% de la población española no sabía leer ni escribir, mientras que en Francia el porcentaje era tan sólo del 24%. Había provincias españolas como, por ejemplo, Jaén o Granada, en las que el número de analfabetos llegaba al 80%.

En cuanto a la estructura social resulta difícil precisar cuántos y quiénes formaban cada clase pero, en general, puede afirmarse que existían grandes desigualdades, mucho mayores que en Francia, por ejemplo. La clase alta estaba formada por la nobleza, latifundistas, grandes labradores y miembros de la burguesía industrial o negocios y miembros de la elite política. Sin embargo, no puede decirse que se tratara de una sociedad feudalizada, sin movilidad social y parecida al mundo del Antiguo Régimen. Gran parte de la clase dirigente, por ejemplo, estaba formada por burgueses nobilizados conectados con la política y el mundo de los negocios. Integraban las clases medias los miembros de las profesiones liberales, burócratas y los medianos propietarios del campo y la ciudad. La clase baja, formada por pequeños agricultores, jornaleros, obreros industriales y de servicios, representaba el 75% de la población activa y sufría unas pésimas condiciones de trabajo, aunque la situación del jornalero andaluz era con mucho la más dura de todas frente a la industria textil y la minería vasca. En la industria la jornada de trabajo era de 11 horas en verano y 9 en invierno con un salario de algo menos de tres pesetas diarias. Pero todavía eran peores las condiciones del jornalero andaluz con un salario de un tercio o la mitad del de los obreros de la industria y sólo tenían trabajo entre el 60 y el 80% de los días del año.

Por ello, no es de extrañar que surgieran movimientos revolucionarios que tenían como propósito fundamental la transformación social subversiva o reformista. El movimiento obrero en España tenía una indudable tradición histórica pero su principal inconveniente para ejercer una influencia efectiva fue siempre su división en dos tendencias, una socialista y otra anarquista. A comienzos del siglo XX el socialismo era una no muy nutrida organización que avanzaba lentamente en su crecimiento y practicaba una doctrina de rígida hostilidad a los políticos burgueses. Sus afiliados eran obreros especializados, en especial tipógrafos como Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. El anarquismo, por el contrario, ascendía y descendía súbitamente en el número de afiliados y en realidad no existían uno sino varios tipos de anarquismos. En las zonas de latifundio del sur de España el anarquismo tuvo el apoyo de los jornaleros y fue una doctrina más de rebelión que de revolución. Las grandes desigualdades sociales existentes en España eran un testimonio de retraso pero también lo era la existencia de ese anarquismo. Al mismo tiempo, sin embargo, el anarquismo inspiró un sindicalismo hegemónico en la región más industrializada de España, como era Cataluña. Existía, en fin, un anarquismo que practicó el terrorismo urbano.

En cuanto al sistema político, España era desde luego una monarquía liberal aunque no exactamente democrática. Según la vigente Constitución de 1876 el Rey compartía el poder legislativo con las Cortes y en el Senado tenían representación, al margen del sufragio popular, sectores de la sociedad que habían tenido una gran influencia en el Antiguo Régimen, como la nobleza y la Iglesia. Los liberales, a fines del siglo XIX, habían introducido una serie de reformas que eran más avanzadas que en otros países europeos como, por ejemplo, el sufragio universal masculino, que existía en España desde 1890 y permitía la existencia en España de un electorado más amplio que en Inglaterra.

La generación de intelectuales de los años noventa criticaron muy duramente la realidad política española. Una de sus figuras, Joaquín Costa, la describió como de oligarquía y caciquismo. El principal rasgo del régimen español fue la perduración de una serie de características que parecían vincularle al mundo del Antiguo Régimen en el que la influencia de unas pocas personas era consagrada por la propia estructura estamental. Ahora ya no era así en términos de estricta legalidad pero el sistema caciquil se sobreimponía a la legislación. En efecto, era el cacique quien daba nombre al sistema político y esta persona, por las razones que fueron, principalmente la riqueza o la influencia política, ejercía el monopolio de la vida pública local. Si esto podía hacer se era debido en parte a que existía un absoluta desmovilización ideológica de electorado que permitía al cacique sustituir los programas políticos que, en realidad no interesaban a nadie y ejercer un tipo de actividad más primitiva como era el clientelismo, es decir, el reparto de favores. En realidad, el caciquismo venía a resultar algo así como un modo de hace compatible una España rural con unas instituciones modernas.

De hecho el clientelismo había existido siempre, pero lo característico de la España de la época es que impregnaba toda la vida política, incluso a nivel nacional. A la hora de las elecciones los políticos tenían que negociar con los caciques para lograr que éstos aceptaran el candidato oficial, de modo que a nivel nacional también existía la desmovilización ideológica y el clientelismo. Había dos partidos políticos que se turnaban en el poder, conservadores y liberales. En la realidad, apenas se distinguían por la procedencia social de sus miembros y en sus programas se diferenciaban muy poco. Existían dos grandes fuerzas que estaban al margen y que podrían haber logrado la movilización política de la que carecían los partidos del turno: el catolicismo y la república. La misión de los partidos del turno consistía en neutralizar a esa oposición, como lograron durante mucho tiempo, hasta los mismos años treinta.

Toda esta realidad del caciquismo revestía una extremada importancia incluso en la cúspide del Estado. En efecto, como las elecciones no eran veraces y siempre las ganaba el partido que estaba en el poder, tenía muchísima importancia la concesión por el Rey del decreto de disolución de las Cortes y era el propio monarca el que debía considerar si la situación política estaba agotada y llamar a formar gobierno al otro partido.

Con posterioridad al desastre del 98 las críticas al sistema se hicieron especialmente duras, al mismo tiempo que se percibían esas grandes diferencias existentes entre España y el resto de Europa que hacían evidente un deseo de modernización. En realidad, la política exterior española apenas cambió después de la pérdida de Cuba y se puede decir que las únicas novedades que introdujo el 98 se redujeron a la aparición de un cierto hispanoamericanismo de tipo cultural y a considerar Marruecos como tema crucial para la política exterior. En cuanto a la economía, la incorporación de capitales de más allá del Atlántico tuvo un efecto inequívocamente positivo.

En cambio, el impacto en el terreno cultural fue mayor y más profundo, al producirse una generalizada crítica en contra de la vida española finisecular en sus más diversos aspectos. Los autores de la misma fueron intelectuales regeneracionistas disconformes con el mundo de la Restauración.

Su ideario constituye una curiosa mezcla de una actitud pesimista y un arbitrismo semejante al que en el siglo XVIII produjo la derrota exterior.

El pesimismo se traducía con frecuencia en un lenguaje inmoderado y una actitud dramática. Sin duda fue en Joaquín Costa donde ese tono desaforado alcanzó sus más altas cotas pero, por otro lado, fue también el primero en realizar profundas investigaciones acerca de las prácticas jurídicas colectivistas en cuanto a la explotación de la tierra y, por otro lado, inició un nuevo género de propuestas al recomendar una política de aprovechamiento hidráulico que posteriormente tendría una influencia muy considerable.

En líneas generales, los regeneracionistas no erraban al plantear una situación que sin duda era denunciable e incluso al señalar algunas de sus posibles soluciones. Sin embargo, su talante solió ser desmesurado y poco constructivo.

Resulta perceptible una cierta ambigüedad del regeneracionismo desde el punto de vista estrictamente político. Joaquín Costa criticaba la falta de realismo del sistema liberal y se identificaba con la tradición krausista, como discípulo que era de Giner de los Ríos, pero al mismo tiempo para producir la regeneración del país veía como instrumento imprescindible la irrupción de una personalidad fuerte que actuara como cirujano de hierro. Costa fracasó en cuanto a una actuación política concreta. Pretendía apelar a lo que él denominaba como masas neutras del país, pero la realidad es que o éstas no existían o estaban demasiado vinculadas a la vida de los partidos políticos del turno. Sin embargo, con él tuvo su comienzo un ambiente que duraría largo tiempo. La regeneración fue un motivo crucial de la vida política y social durante el reinado de Alfonso XIII y sin ella resulta imposible realizar una interpretación de dicho reinado. Consistía en una voluntad de transformación de las estructuras políticas en sentido modernizador y liberal, aunque con la ambigüedad de que en ocasiones se propusieran medios no liberales. Por tanto, el regeneracionismo trascendió al pensamiento de quienes lo crearon y por procedimientos indirectos llegó a tener un decisivo protagonismo en la vida española durante el siglo XX.

El inicio de la época regeneracionista coincide casi perfectamente con el advenimiento al trono, en mayo de 1902, a la edad de dieciséis años, de Alfonso XIII. Fue siempre un personaje atrayente que sabía ganarse a los políticos no sólo nacionales sino extranjeros por su simpatía e inteligencia, muchas veces superior a la de sus colaboradores. Como aspecto negativo se le suele acusar de una cierta superficialidad y de un gusto por la política entendida en su sentido menos noble. Pero sin duda fue indiscutible su buena voluntad, nacida de una conciencia de la gravedad de la situación española en el momento de su subida al trono, que se aprecia en el diario que escribió durante sus primeros meses de reinado. Educado desde su nacimiento para tan importante cargo, a lo largo de todo su reinado su mentalidad fue la de un Rey constitucional, con todas las limitaciones de la mentalidad de su época que no excluían un eventual recurso a una situación dictatorial temporal.

La Constitución de 1876 atribuía el poder legislativo a las Cortes con el Rey y éste, además, nombraba todos los altos cargos pudiendo incluso elegir y separar a sus ministros. La inexperiencia del joven monarca le llevó inicialmente a hacer amplio uso de esas facultades interviniendo activamente en la política, sobre todo hasta 1907. A partir de esta fecha, en las crisis políticas consultó a los jefes de partido y tendió a aceptar las sugerencias de los presidentes del Consejo de Ministros, permitiendo con ello que el texto constitucional adoptase en la práctica un sentido más liberal. Su poder todavía era muy superior al de cualquier otro monarca constitucional europeo de épocas posteriores (aunque no a los del momento, pues los poderes del rey italiano eran mayores). Por lo tanto, también eran mayores las dificultades de su gestión que las de un Rey en una democracia. El ejercicio de sus prerrogativas constitucionales en muchas ocasiones no le trajo sino grandes críticas, tanto de la derecha como de la izquierda. Sin duda pudo equivocarse en muchas ocasiones. Sin embargo, los problemas de España durante el reinado de Alfonso XIII derivaban mucho más de las tensiones y contradicciones de todo proceso de modernización que de la supuesta anticonstitucionalidad sistemática del Rey como aseguraron los republicanos en el año 1930.

El monarca estuvo rodeado durante su actuación política por un medio aristocrático y militar frecuentemente reaccionario. Sin embargo, también formaban el entorno del Rey miembros de la alta burguesía junto a un sector de la nobleza no precisamente conservador como, por ejemplo, los nobles palatinos antimauristas. Por otro lado, la influencia del sector conservador católico durante el reinado de Alfonso XIII fue muy inferior a la que tuvo en tiempos de la Regencia de su madre María Cristina por su procedencia austriaca y su sensibilidad religiosa. En cuanto a los contactos del Rey con la oficialidad militar hay que recordar el papel fundamental que el Ejército había tenido en al advenimiento de la Restauración. Los militares se consideraban con derecho a ser consultados en una serie de temas relacionados con su profesión, llegando a exigir una participación en la política cuando se agravaban las tensiones con la política civil. El monarca nunca defendió la primacía política del ejército, aunque se identificara con él en tanto que sus componentes eran liberales y nacionalistas en el sentido tradicional.

Alfonso XIII fue uno de los escasos soberanos europeos que no experimentó la influencia determinante de ningún consejero y su concepción del interés nacional le mantuvo siempre por encima de los partidos. Como señala Carlos Seco Serrano, esa actitud política del monarca no satisfizo por completo a los políticos que le rodearon y fue un argumento que éstos a menudo usaron contra su persona. Cuando un partido político obtenía el poder lo atribuía a méritos propios, pero cuando lo perdía solía acusar al Rey. No obstante, a pesar de los aciertos y desaciertos en su etapa de reinado, la monarquía española se mantuvo más firme que otras de Europa meridional, como la portuguesa, que caería en el año 1910 o la italiana que sucumbiría, en la práctica, en 1922 al quedar por completo sometida a Mussolini, cosa que al monarca español no le sucedió con Primo de Rivera.